Desarrollo Rural



Tomado de:

Ordenamiento Territorial Comunitario:
un debate de la sociedad civil hacia
la construcción de políticas públicas

SEMARTNAT – INE

crisis2 Carranza (1997) define al ordenamiento comunitario como “el instrumento de planeación que ayuda a desencadenar procesos autogestivos de mujeres y hombres de la comunidad, a través de evaluar sus procesos sociales, económicos, naturales y culturales; predecir su comportamiento, y equilibrar la relación sociedad-naturaleza con planes integrales de desarrollo que eleven la calidad de vida de la población, regulen el  aprovechamiento de los recursos naturales y mejoren y conserven el ambiente”.

¿Para qué sirve un ordenamiento?

Uno de los aspectos fundamentales a tener en cuenta al diseñar un marco de
referencia general para los ordenamientos es la inclusión de los intereses de
todos los actores implicados: comunidades, organizaciones promotoras, instituciones de gobierno, agencias financiadoras… En nuestra opinión, a partir
del momento en que la visión de los distintos actores coincida al menos en un
nivel básico, practiquen el diálogo y el intercambio, y se responda a las expectativas
de todos, se podrá empezar a construir el proceso de ordenamiento.

Visión de la comunidad

En algunos casos, entre los intereses principales para practicar un ordenamiento
está el de acceder a nuevos proyectos y financiamientos.

En una perspectiva diferente, los campesinos entienden al ordenamiento
como “medio para conocer mejor sus recursos, y de esta manera trabajar de
forma más ordenada”, o para conseguir que “nuestra comunidad le dé forma
al territorio”.

 

Visión de las instituciones gubernamentales

En muchas ocasiones se promueven como requisito para acceder a proyectos de otro tipo, como los productivos. Los ordenamientos ofrecen certidumbre a las instituciones para invertir en programas comunitarios puesto que, por un lado, tienen la suficiente calidad técnica para ser utilizados como instrumentos de gestión al elaborarse con las herramientas más avanzadas de planeación territorial (Sistemas de Información Geográfica –SIG–, teledetección…) y, por otro lado, cuentan con un fuerte respaldo de participación de las poblaciones locales.

 

Visión de las organizaciones no gubernamentales

El ordenamiento es visto como un proceso de intercambio de capacidades entre
técnicos y campesinos así como entre campesinos y campesinos, por el cual
la comunidad adquiere conceptos y mecanismos con los que puede proponer,
desarrollar y manejar proyectos surgidos de sus propias necesidades.

Fortalecimiento de las capacidades locales

Consideramos que la mejor alternativa es constituir un equipo con técnicos
externos y campesinos de la comunidad, responsable de conducir la marcha
entera del ordenamiento y de promover la participación del resto de la población
en él.

La actividad de este equipo, es validada por un Comité de Ordenamiento, integrado por las autoridades municipales y comunitarias, y finalmente por la Asamblea General de la localidad. Este intercambio horizontal, por el cual un grupo reducido de campesinos trabaja muy de cerca con técnicos de diferentes profesiones y se capacita en todas las fases del ordenamiento, sobrepasa la formación convencional de promotores comunitarios desarrollada por otras organizaciones e incrementa la apropiación y la permanencia del proceso en la comunidad.

Elaboración cartográfica

Sin duda, entre los productos fundamentales de los estudios propios de los ordenamientos están los mapas actual y futuro de uso del suelo, en los cuales se integran las percepciones técnicas y comunitarias y se sintetiza la información sobre
los diferentes elementos naturales y sociales que conforman cada territorio.
[…]

De esta manera, “con el ordenamiento se unifica el lenguaje a través de
mapas, elementos de discusión y análisis que ayudan a la comunidad a hablar
del manejo de sus recursos, buscar soluciones geográficas a su problemática y
gestionar apoyos con el exterior” (Carranza 1997). Se unen el lenguaje del técnico y el lenguaje del campesino, a partir de su labor:

Trabajo Técnico. Especialistas en la materia produjeron mapas en gabinete a partir de imágenes aéreas y de satélite, cartas geográficas y SIG, que sirvieron de insumo en la discusión del ordenamiento en los talleres comunitarios.
Trabajo Campesino. Miembros de la comunidad trazaron mapas en los que reflejaron la visión local del paisaje y los usos del suelo y definieron su propuesta de
ordenamiento para su territorio.

ALGUNAS RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS

1. En primer lugar, es indispensable lograr una definición clara de ordenamiento
comunitario que recoja las visiones y las expectativas de todos los actores involucrados en estos procesos de desarrollo rural. Al mismo tiempo, tendría que reconocerse legalmente el carácter vinculante de este instrumento de planificación territorial.

2. Las distintas visiones de los actores sobre el ordenamiento comunitario no suponen contradicciones en la búsqueda del consenso… Sin embargo, es importante considerar que el ordenamiento debe ser instrumento útil para la comunidad y que ha de responder principalmente a sus perspectivas y aspiraciones.

3. Es preciso superar la noción de que en el ordenamiento se hablan dos idiomas distintos, uno técnico y otro campesino, y que se combinan al final del trabajo.

[ La imagen representa la palabra Japonesa para Crisis, esta esta formado por dos vocablos, los cuales significan: ki-kai, kiki, Peligro y oportunidad ]

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Tomado de: 

Ordenamiento Territorial Comunitario:
un debate de la sociedad civil hacia
la construcción de políticas públicas

SEMARTNAT – INE

La PCT parte de constatar que las comunidades rurales propietarias en colectivo
de un territorio tienden a desarrollar procesos explícitos de asignación de
sus recursos naturales, especialmente bosques, agua y pastos. Por lo común
estos arreglos organizativos van acompañados de la existencia de líderes carismáticos
aceptados por la mayoría de la población, de modo que conforman
verdaderas instituciones locales no sólo para la regulación del uso del suelo
sino también para la resolución de los conflictos que normalmente se dan dentro
de los grupos sociales organizados.

Lo se ha podido demostrar en el trabajo con la PCT es que el proceso
desencadenado por una iniciativa de este tipo explicita la forma en que se
toman las decisiones sobre el uso de un territorio poseído colectivamente por
las familias de una comunidad o un ejido, volviéndola asequible, transparente
y más compatible con el desarrollo de esquemas democráticos y equitativos.

Para racionalizar esa toma de decisiones, la Planeación Comunitaria del
Territorio plantea:

escenario_multidimensional1(1)
1. Explicitar las necesidades y las expectativas de la comunidad en cuanto a la
utilización presente y futura de su territorio.
2. Hacer patente la existencia de grupos con intereses legítimos en pugna
constante por la asignación de recursos comunes.
3. Asegurar la participación de todos los actores sociales en la determinación
de los usos del territorio y en el establecimiento de las reglas de acceso a
los recursos naturales.
4. Hacer explícitos los conflictos latentes entre los diferentes actores y sectores
de la comunidad.
5. Poner de manifiesto el papel y los compromisos adquiridos por actores
externos cuya opinión tiene peso e influencia en las decisiones que
toma la comunidad.

El hecho de que también las minorías gocen de respeto
y consideración y sean parte activa en la definición del manejo del territorio
es clave para lograr consensos sólidos y duraderos. Cada actor dejado fuera
del proceso de toma de decisiones es un riesgo de inoperancia del plan de uso
del suelo, pues aquellos que no vean cubiertos sus intereses en la estrategia
colectiva minarán los acuerdos y dificultarán el cumplimiento de las reglas.

Asimismo, cuantos más actores queden marginados de las discusiones y las
resoluciones, mayor será el peligro de reproducir patrones de inequidad social
y de deterioro de los recursos naturales.

La PCT tiene seis características básicas:

1. La comunidad es la unidad de planeación.
2. Se orienta claramente hacia el ordenamiento del territorio compartido
por un grupo social.
3. Reconoce la existencia de actores sociales intra y extracomunitarios con
influencia en la toma de decisiones y busca su participación para lograr
equilibrios.
4. Refuerza la cultura propia incorporando las estructuras organizativas y las
prácticas de manejo de los recursos naturales de la población.
5. Parte del conocimiento empírico de los integrantes de la comunidad sobre
su entorno para arribar a una propuesta de uso del suelo compatible con
la visión colectiva.
6. Aprovecha recursos tecnológicos congruentes con la imagen de futuro
elaborada.

Al construir la PCT, más que pretender generar nuevas herramientas, retomamos
muchas de las ya existentes en las ciencias sociales y naturales, particularmente
en disciplinas que nos aproximan más a la visión local del territorio,
como la etnobotánica y la agroecología, al igual que metodologías que
promueven la participación de la población rural en la toma de decisiones,
entre ellas la investigación-acción y la Evaluación Rural Participativa (ERP).

Frente a estas exigencias, incluso con sus límites, la PCT es un esquema
metodológico que contribuye a la gestación de una nueva visión del desarrollo
rural con un enfoque novedoso del manejo de los ecosistemas: aprovecharlos
donde sea posible y protegerlos cuando sea requerido. Pensamos que multiplicar
su aplicación favorecería:

La consolidación de la capacidad de sustento de la vida en las áreas
rurales.

Es fruto de favorecer entre las poblaciones la formulación de una visión más
sistematizada de su entorno y de sus expectativas con respecto a él, que las
aleja de las imágenes cornucopianas ingenuas y alimenta de manera clara su
toma de conciencia sobre la finitud del territorio disponible y por lo tanto de
los recursos allí albergados.

La continuidad de la identidad cultural y el reforzamiento de la cultura propia

En la PCT se emplean diversos métodos para discutir aspectos culturales cuya
relevancia no siempre es percibida por los actores locales debido a su cercanía
y cotidianeidad. Aquí resulta clave la participación de actores extracomunitarios
y conocedores del desarrollo rural, pues ayudan a contrastar la experiencia
de la comunidad con la de otras colectividades y a resaltar lo diferente y
valioso de su cultura.

La explicitación por el grupo social de sus visiones actual y prospectiva
permite inducir un proceso de reflexión sobre las prácticas sociales y ambientales
que influyen o pueden influir en el logro de esos escenarios. Asimismo
hace posible que el grupo adopte elementos ajenos a la tecnología y la cultura
propias pero adaptándolos a su contexto, de manera que complementen a los
locales sin poner en riesgo sus fundamentos (Bonfil 1981).

El mantenimiento del paisaje rural

Las prácticas culturales reproducidas por un conjunto de actores sociales en el
nivel regional conforman patrones paisajísticos que la Planeación Comunitaria
del Territorio ayuda a caracterizar y mantener. Por ejemplo, herramientas
como los transectos (Lara y Díez 1996) sintetizan los componentes del paisaje
y permiten su mejor apreciación por los actores que los moldean, particularmente
al destacar la dimensión colectiva que hay detrás de ellos.

La preservación de la diversidad biológica

El enfoque teórico utilizado en la PCT retoma conceptos fundamentales propuestos
por Daniel Janzen (2000) en lo que respecta a sostener las condiciones
de evolución de los factores naturales y humanos gracias a los cuales existen
los ecosistemas actuales.

Por consiguiente, se asume que el paisaje está integrado por una serie de
constituyentes bióticos, abióticos y sociales que interactúan entre sí y dan origen
a procesos que generan biodiversidad. Al caracterizar tales procesos es
posible dilucidar sus causas y proyectar actividades para que sigan activos; la
PCT es útil en estas tareas.

La viabilidad económica de los esquemas de conservación

En la actualidad, muchos de los recursos económicos mundiales destinados a
la protección de la biodiversidad son acaparados por los grandes consorcios
civiles de naciones industrializadas y los gobiernos de países megadiversos; en
consecuencia, muy pocos fondos han llegado directamente a las comunidades
y a los propietarios de tierras afectados por decretos que les sustraen la capacidad
de controlar sus territorios.

En tal marco, uno de los objetivos de la PCT es hacer visibles los esfuerzos locales
por la conservación y llamar la atención sobre el papel que los poseedores
de las tierras pueden cumplir en el cuidado de espacios silvestres y de agropaisajes.

Los números, siempre valiosos, demuestran que con muy baja inversión es
posible establecer conglomerados continuos y discontinuos de superficies clasificadas en diferentes categorías de protección y vigiladas por las mismas poblaciones que las habitan. Así se contribuiría a la formación de activos naturales
que pueden transformarse en capital mediante su lanzamiento al mercado de
servicios ambientales en sus diferentes facetas. Si se canalizara a dichas iniciativas
parte de las inversiones ocupadas en fomentar la conservación, los alcances
podrían ser sorprendente e inesperadamente favorables para ésta.

El aseguramiento de la calidad del entorno natural

Puesto que la PCT parte de evaluar el estado actual de la base local de recursos
naturales, el plan de ordenamiento del uso del suelo resultante constituye
una herramienta para mantener y mejorar esa base, de modo que contribuye a asegurar un ambiente sano en el largo plazo.

Ello se logra mediante la implementación de planes de manejo específicos para las diferentes áreas asignadas a los distintos usos. Además, el plan de ordenamiento es regulado por un instrumento normativo interno cuya aplicación corre a cargo de las autoridades comunitarias. En conjunto, el plan de ordenamiento, los planes de manejo y el reglamento de uso del suelo permiten monitorear la respuesta de cada área a la proyección comunitaria e integrar planes regionales de ordenamiento.

 

[ Entre 1990 y 1997 en Latinoamérica se llevaron a cabo 3,489 proyectos de conservación, costeados por al menos 65 fuentes de financiamiento (aunque 90% de los fondos provino de agencias multilaterales) y con una inversión total de 326 millones de dólares estadounidenses. Sólo entre 1.4 y 5% de este monto fue dedicado a realizar actividades en las cuales la población afectada por los referidos decretos estuvo directamente involucrada, como el manejo de ecosistemas, las empresas sostenibles y la capacitación, en tanto que 70% se dedicó al pago de las burocracias gubernamentales y no gubernamentales relacionadas con las ANP (Castro y Locker, 2001).]